Un serio estudio de la viabilidad de la tutela penal del derecho fundamental a la imparcialidad del juez, como garantía esencial del juicio justo reconocida en el art. 24.4 de la Constitución española frente a aquellas conductas que comportan una lesión del mismo y que se producen con ocasión del ejercicio de las libertades de expresión e información a través de los medios de comunicación. Aunque la administración de la justicia, en general, es legítimo objeto de información, puesto que se trata de una actividad pública del Estado, las noticias sobre lo que se desarrolla ante los tribunales pueden llegar a tener incidencia negativa en su eficacia, sus garantías y hasta en el resultado final.
El lector encontrará aquí una equilibrada y fundamentada legitimidad de tutelar penalmente el derecho a un juez imparcial, conjugada necesariamente con el respeto a los principios constitucionales de legalidad y de proporcionalidad de la intervención, sin olvidar, asimismo, el espacio que merecen las libertades de expresión e información en un sistema democrático.
